Santiago de Chile.-(EFE).- Los pueblos indígenas latinoamericanos reclaman la participación y representación de los pueblos originarios en organismos internacionales como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Conferencia de las Partes (COP) del Acuerdo de Escazú, que se celebra en Santiago hasta el miércoles.
“Queremos defendernos en vida, no cuando estemos muertos”, dijo a EFE la presidenta de la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de San Lorenzo, Elaine Shajian, en la sede central de Cepal, en la capital chilena.
Shajian es originaria de Perú, uno de los países que no ratificaron el Acuerdo de Escazú, un tratado que busca proteger a los defensores y defensoras medioambientales, opina que el país andino tendría que firmar el tratado porque cada día los indígenas son “asesinados por proteger su territorio”.
Reconocido a nivel global como un tratado inédito que consolida la democracia medioambiental, el Acuerdo de Escazú, adoptado en marzo de 2018 en Costa Rica y vigente desde abril de 2021, solo ha sido ratificado por 15 Estados de los 24 países de América Latina y el Caribe que lo firmaron originalmente, de un total de 33 en la región.
Casi la mitad de los firmantes corresponden al Caribe, una de las zonas donde más preocupación existe por el alto número de incidentes y la débil protección, pese a que fueron de los primeros países en alistarse, coincidieron en apuntar a EFE representantes de varios estados caribeños presentes en Chile.
“Los ataques contra personas defensoras del medio ambiente en las Américas son constantes y, a menudo, letales. El hecho de que algunos de los países más peligrosos para la defensa del medio ambiente aún no sean parte del Acuerdo de Escazú evidencia la falta de voluntad de sus Gobiernos para hacer frente a estas amenazas”, indicó Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Es urgente que los Estados de América Latina y el Caribe se comprometan con este tratado regional”, agregó.
A este respecto, la organización internacional de defensa de los derechos humanos subrayo la importancia de que durante esta cita en Santiago se llegue a un plan de acción para defensores y defensoras “que pueda contribuir de alguna manera y que no sea solamente un compromiso que quede en papel a partir de la conferencia”.
Es en este mismo contexto, que los pueblos originarios latinoamericanos reclaman mayor visibilidad ante los organismos internacionales que toman decisiones sobre sus territorios sin su aprobación, ya que no hay ninguna voz que represente a su gente.
Por su parte, la coordinadora del área de Derecho y Cultura de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques (AMPB), la guatemalteca Dina Juc, lamentó que la Cepal considere que los pueblos originarios están representados. “Pero no es así (…), solo nos incluyen como representantes en el público, pero no en la toma de decisiones”, manifestó.
“Los indios somos nosotros, y se permite que vengan diferentes tipos de actores a tomar decisiones sobre nuestros pueblos y sobre nuestros territorios”, denunció Juc, que también criticó la “falta de inclusión” de los organismos como la Cepal, que llaman a participar a través de Internet cuando en muchos pueblos indígenas guatemaltecos no hay luz ni acceso a la red.
“Hay apatía de los hermanos que lideran estos procesos, que no tienen sensibilidad”, insistió Juc.
Latinoamérica es la zona más peligrosa del mundo para los defensores medioambientales y donde existe una mayor impunidad, según diversos informes independientes.
El año 2020 fue el más mortífero para los ambientalistas desde que hay registros y tres de cada cuatro ataques sucedieron en la región, según el último reporte de la ONG Global Witness, en el que Colombia y México lideran las estadísticas. EFE
