La diputada Bennelly Jocabeth Hernández Ruedas (Morena) planteó sancionar con uno a 6 años de prisión, multa de 500 a cinco mil pesos y la reparación del daño, a quien cometa el delito de despojo patrimonial en contra de personas adultas mayores.
La iniciativa, enviada a la Comisión de Justicia para dictamen, propone la adición de un párrafo al artículo 395 del Código Penal Federal, para establecer que:
“Cuando el despojo se realice en contra de persona o personas adultas mayores, al que de propia autoridad y haciendo violencia o fortuitamente, o empleando amenaza o engaño, ocupe un inmueble ajeno o haga uso de él, o de un derecho real que no le pertenezca, la pena será de uno a seis años de prisión, multa de 500 a 5 mil pesos, así como la reparación del daño establecido en este Código”.
Precisa que una de las modalidades de violencia más lacerantes contra los adultos mayores es el despojo patrimonial. Desafortunadamente existen casos en los que es más difícil detectar este delito y en ocasiones dificulta la denuncia, principalmente cuando se materializa por la propia familia.
Indica que, en México, el despojo patrimonial hacia las personas mayores de 60 años es un acto que victimiza de forma múltiple a un sector poblacional frágil y debería ser castigado con mayor severidad, sobre todo por tratarse de una violación a los derechos de las personas adultas mayores.
Añade que algunos datos e información revelan que este tipo de ilícito se sigue cometiendo en agravio de las mujeres y hombres adultos mayores aun cuando la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores prevé protegerlos, pero sin señalar castigo alguno.
Cita que de acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018, el 87 por ciento de los adultos mayores en México vive en hogares donde reside una o más familias y prácticamente uno de cada diez vive solo; de éstos el 41.1 por ciento son económicamente activos y el 70 por ciento tienen alguna discapacidad o limitación.
Además, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en su “Informe Especial sobre la situación de los Derechos Humanos de las Personas Mayores en México”, resalta que la labor de obtener información sobre la incidencia de delitos contra la población mayor de 60 años, es un reto en virtud de que las procuradurías o fiscalías generales no cuentan con un sistema estatal que les permita consolidar un registro único.
Por tanto, la diputada Hernández Ruedas considera que con esta reforma “estamos proveyendo de un marco jurídico que sin ambigüedades proporcione la protección real a este sector poblacional, al que sin duda un día perteneceremos todas y todos nosotros”.
