El presidente de la Comisión Bicamaral de Concordia y Pacificación, Alfredo Vázquez Vázquez (Morena), reconoció que la transversalidad de recursos en materia de pueblos indígenas no ha funcionado; por ello, planteó la necesidad de que las dependencias federales informen cómo gastan e invierten ese presupuesto.
Al concluir el foro “Diálogos indígenas rumbo a una rearticulación nacional e interlocución plena con el Estado mexicano”, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, dijo que los programas sociales, que tienen como propósito cerrar las brechas de desigualdad, deben priorizar a los pueblos indígenas, toda vez que son quienes más los necesitan.
Destacó que una rearticulación nacional en materia indígena permitirá que se destine un presupuesto especial para garantizar los derechos indígenas y propuso que en esta tarea se involucre al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) a fin de que esta gestión sea más eficiente.
Comentó que otro elemento que se debe trabajar es crear los mecanismos que sancionen a quienes usurpen espacios de representación de los pueblos indígenas.
Por su parte, el diputado Salvador Caro Cabrera, de MC, se congratuló por este foro, ya que es primordial que las reformas tengan un enfoque indígena, de lo contrario los pueblos originarios y sus lenguas comenzarán a morir y, con ello, la riqueza del país.
El representante de la Federación Indígena Empresarial y Comunidades Locales de México, Cecilio Solís Librado, solicitó al Poder Ejecutivo considere la iniciativa de reforma constitucional en materia indígena, y la turne al Congreso de la Unión para iniciar el proceso conducente y dar respuesta a las demandas de los pueblos originarios. Asimismo, pidió a la Comisión Bicamaral acompañar este asunto para que junto con las organizaciones civiles se llegue a buen puerto.
Conclusiones de mesas de trabajo
Los participantes coincidieron en la importancia de atender el tema del saqueo en las zonas arqueológicas y plantearon la creación de un “cuarto nivel de gobierno”, a fin de que sean las mismas comunidades las que manejen sus recursos.
En materia electoral, solicitaron tener interlocución con el Instituto Nacional Electoral para reorientar cómo serán electos los candidatos a diputados. Respecto al tema presupuestario, expresaron que desde 2018 a la fecha lo que se asigna a los pueblos indígenas se ha reducido aproximadamente un 54 por ciento y lamentaron que los problemas sociales, de salud, educación, inseguridad y saqueo estén aumentando.
En su declaración política, los participantes reafirmaron su derecho indeclinable a la rearticulación y a la interlocución de los pueblos y organizaciones con el Estado, con el objetivo de continuar la lucha por el reconocimiento y respeto de sus derechos para acceder a una real democracia participativa.
Pidieron que la agenda nacional colectiva incluya retomar la lucha por la reforma constitucional de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos y se les reconozca como sujetos de derecho público.
Solicitaron que el presupuesto etiquetado para el INPI sea resarcido y se incremente de manera sustancial, que el presupuesto transversal sea evaluado, fiscalizado y se transparente su aplicación.
Exigieron el cumplimiento del derecho a la consulta previa, libre e informada y culturalmente adecuada en todo proceso legislativo, administrativo o cuando se pretendan implementar planes, programas y proyectos de desarrollo.
